La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, reconoce los derechos de todos los niños y niñas y, a la vez, determina las obligaciones de los Estados para garantizar que estos se cumplan.

En el actual contexto social, económico y sobre todo político de España queremos que los niños y las niñas ocupen un lugar privilegiado en la agenda política. Asistimos diariamente a un sinfín de noticias sobre los pactos políticos y nos preguntamos cuántos de ellos priorizan la infancia; cuántos de ellos buscan dar respuesta a la infancia invisible.

La crisis de los últimos años en España ha tenido una víctima clara: la infancia. Niños y niñas son los que más han padecido las consecuencias y también los más invisibles ante los poderes públicos. Su situación se ha deteriorado alarmantemente en los últimos años. 1 de cada 3 está en riesgo de pobreza y exclusión social (alrededor de 3 millones de niños y niñas en toda España), con una creciente desigualdad dentro del territorio. Además, están lejos de vivir en entornos de buen trato que les garanticen sentirse protegidos contra la violencia y el maltrato.

Es necesario revertir esta situación con urgencia, no solo por justicia y por cumplimiento del marco legal, sino para garantizar un futuro mucho más próspero a la sociedad española. En Educo trabajamos para que la infancia sea protagonista del nuevo gobierno, de los próximos 4 años de legislatura y de los próximos 15 años de agenda de desarrollo nacional e internacional.

Pero para garantizar los derechos de la infancia, es necesario poner en marcha medidas generales, planes específicos, asignar presupuestos, dar seguimiento y evaluación, en definitiva, una clara voluntad política a favor de la infancia. Hay que invertir en infancia, considerar a niños, niñas y adolescentes ciudadanos activos, sujetos de derecho y presente de nuestra sociedad. Apostemos por escucharles, darles voz. y hacerlos participar en la toma de decisiones que les afectan.

Hoy más que nunca pedimos, junto con otras organizaciones de infancia, un Pacto de Estado por la Infancia que garantice una inversión en infancia permanente, ajustada a la realidad y a los valores europeos. Pero también pedimos la aplicación de otras políticas sociales urgentes que ayuden a las familias (más de 770.000 hogares en España no tienen ningún tipo de ingresos), que favorezcan el empleo digno y en condiciones, que amplíe las prestaciones en materia de educación que permitan que todos los niños y niñas accedan al comedor escolar, a los libros de texto y a todo lo necesario para su máximo desarrollo educativo.

Los niños y niñas que viven en España se merecen un país seguro, donde puedan expresarse como ciudadanos y ciudadanas, donde no tengan miedo de estar en la calle o jugar en los parques. La infancia es, como sociedad, nuestro bien más preciado, y todos somos responsables de su protección y de su bienestar.

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